Muestra de ello es la manera cómo han abordado el pago a los clientes, partiendo de la sospecha y dudando a priori de la existencia de los mismos, de su identidad y de la titularidad de los portafolios que les pertenecen. Esa es la razón por la cual los han estado convocando para que comprueben su relación con la empresa.
Sospechosos por defecto
Según declaraciones ofrecidas el pasado 18 de agosto por Nahunimar Castillo, interventora de Econoinvest, se han atendido 1173 solicitudes de pago, de las cuales sólo el 56% (apenas 657 clientes) "tiene la documentación completa exigida por las normativas que regulan las operaciones bursátiles" y, no conforme con esto, reconoce haber pagado a solamente 11 clientes (menos del 1% de las solicitudes recibidas), cantidad ínfima en relación con el tiempo que ha durado la intervención, y a los consiguientes gastos corrientes que la misma ha ocasionado al patrimonio de la institución.
Si la propia interventora ha admitido en reiteradas oportunidades que la empresa dispone de fondos para pagar, ¿por qué no pagan? ¿En qué situación se encuentra ese 44% restante que supuestamente no tiene la documentación en regla? ¿Cuál será el destino de sus portafolios? ¿Se les reconocerá su titularidad? Más específicamente, se habrán comunicado con ellos a fin de informarles acerca de su situación y orientarlos sobre la documentación faltante?
Sin embargo, su situación se ha vuelto, al parecer, cada vez más complicada. Por esa misma fecha apareció un listado en los medios de comunicación social, en el que se convoca a 2315 ciudadanos a presentarse en la empresa "a fin de tratar asuntos de su interés". Se puede inferir que, siguiendo la lógica empleada hasta ahora por las autoridades interventoras, se trata de identidades bajo sospecha de haber sido suplantadas, por lo que requieren corroborar sus datos.
Para enrarecer más el clima de incertidumbre que tienen los ahorristas, el presidente de la antigua Comisión Nacional de Valores, Tomás Sánchez, había remitido una circular a los interventores y liquidadores de las casas de bolsa intervenidas que poseen clientes con títulos de deuda venezolana, para que entreguen, indistintamente de su custodio, una constancia para que pudiesen disponer de sus Títulos Valores, condicionando de esta manera el derecho a la propiedad de los clientes y estableciendo arbitrariamente un requisito no previsto ni en el Contrato de Corretaje Bursátil, ni en la Ley que regula la materia. Esta instrucción, aunque arbitraria, es una gestión que debe cumplirse para proceder al cobro, y la misma ha sido desconocida por la Junta Interventora de Econoinvest, que no ha expedido dicha constancia a ninguno de los clientes, razón por la cual no han podido disponer de sus portafolios.Situaciones similares, tratamientos distintos
La actitud de la Junta Interventora de Econoinvest contrasta con la asumida por las autoridades interventoras del Banco Federal, cuyos clientes fueron convocados con diligencia a fin de honrar las garantías con tan sólo mostrar un documento que acreditara su condición de clientes de esa institución, a objeto de proteger sus intereses, como es una de las metas de estas operaciones. En ese caso, hasta el mismo Presidente de la República hizo un llamado público a los ahorristas para que acudieran a retirar su pago. ¿Qué motiva, entonces, esa discriminación entre clientes de distintas instituciones financieras que se encuentran en la misma situación?
Una muestra del estado de indefensión en que se encuentran los clientes de Econoinvest, y que demuestra lo diametralmente opuesta de su situación con respecto a otras intervenciones, lo determina el hecho de que los mismos ya no pueden consultar su histórico en el Estado de Cuenta Online, debido a que este servicio fue cancelado por instrucciones de la interventora, quien afirma no confiar ni en dicho sistema ni en los expedientes.
Otra de las irregularidades en que incurren las actuales autoridades de Econoinvest, se manifiesta en que las operaciones en moneda nacional y en divisas que se encontraban en tránsito al momento de la intervención, continúan en ese status a pesar de suponer una grave irregularidad, ya que una Casa de Bolsa no puede, por ley, mantener dinero en efectivo por más de 48 horas.
El argumento esgrimido para no pagar este efectivo en tránsito en dólares, es la ausencia de la firma de la interventora, cuando el gobierno nacional podría avalar dicho pago ante el Deutsche Bank, ente con el cual mantiene relaciones en atención a emisiones de bonos de deuda, ya que es una situación derivada, precisamente, de una intervención gubernamental.
Las autoridades indican a los clientes que dichos pagos tardarán algún tiempo, siendo que una transferencia bancaria, sea externa o interna, tarda un máximo de 5 días hábiles en hacerse efectiva. No conforme con esta irregularidad, las autoridades advierten a los clientes contra la posibilidad de que se asesoren con especialistas, en abierta violación al derecho a la libre contratación.
Deuda Pública
El pago de la deuda pública no depende de la liquidez de Econoinvest, ya que en el caso de los bonos cambiarios, estos pagos los realiza el Estado, y los mismos se encuentran vencidos, respectivamente, los días 03/06/2010, 08/07/2010, 15/07/2010, 22/07/2010 y 28/07/2010. Igualmente sucede con los Bonos Venezolanos 05, que vencieron el pasado 10/08/2010. Como los fondos no han sido abonados a la cuenta de Econoinvest, la Junta Interventora podría canalizar estos pagos a través de otra institución financiera.
Clientes y empleados afectados por igual
Mientras la Junta Interventora se niega a agilizar los pagos de clientes e inversionistas, éstos no pueden usar el dinero proveniente de sus ahorros, ni adquirir préstamos comerciales o personales con garantías de sus títulos valores, lo cual afecta su calidad de vida de manera ostensible.
En conclusión, la situación por la que atraviesan los clientes de Econoinvest, ha producido una suerte de medida cautelar de facto sobre sus valores y en contra de sus derechos, inhibiendo al cliente de su patrimonio, con todas las consecuencias que esto acarrea.
Pero no sólo se trata de los clientes. Similar calvario han padecido los ex-empleados de la institución, ya sea por haber decidido renunciar durante el proceso de intervención, o por haber sido removidos de la nómina sin previo aviso durante la misma. A dos meses de vencido el plazo para el pago de la liquidación de una buena parte de ellos, sólo unos 10 lo han recibido, atentando contra la calidad de vida de "los discriminados" en su actual situación de desempleo, que no pueden honrar sus compromisos adquiridos, ni hacer frente a sus gastos corrientes y manutención en general.
Frente a al actual panorama en que se encuentra la institución, cabe preguntarse, ¿a quién beneficia esta situación? ¿No se supone que la intervención debe protegar ante todo a clientes y empleados?
